La escena era tragicómica. El 25 de mayo unos 10 policías, pertrechados como para la guerra, la rodeaban. Habían ingresado con sus motos a un predio en la esquina de Sargento Cabral y Urquiza, en Concepción, luego de la denuncia de un vecino. El lugar era un baldío. Y allí, entre altísimos yuyos, matas y arbustos de todo tipo, la encontraron. Dicen que el mejor lugar para esconder un árbol es un bosque. Y allí estaba ella, con sus modestos 30 centímetros, ya sin escapatoria. Los agentes la habían rodeado y, pala en mano, la sacaron de raíz. La plantita de marihuana ya no era un peligro. Cualquier juez se habría agarrado la cabeza ante semejante operativo. De hecho lo hicieron. "¿Y qué quieren que haga? ¿Que ordene la detención?", se escuchó desde el otro lado del teléfono cuando los investigadores pedían instrucciones. Los vecinos, cuya queja máxima es la inseguridad, también se agarraban la cabeza. "¡Diez personas para una plantita! Y mientras ellos estaban allí, los choros hacían estragos a dos cuadras", se quejó José Luis Gómez.

El ejemplo vale para entender qué se busca cuando, desde el miércoles, comenzó a debatirse en el Congreso la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. Es que los recursos están pésimamente dirigidos. Y la estadística es contundente: más del 85% de los detenidos por su vinculación con las drogas son consumidores. O sea, el Estado pone la mayor parte de su logística en resolver mal un problema que tiene absoluta relación con la salud, y no con la seguridad. En Tucumán (en Argentina en realidad), los verdaderos dueños del negocio del narcotráfico son intocables. Sus rostros nunca aparecen en ningún diario y, por ende, en ningún juicio. Son detenidos muchísimos consumidores y algunos de los intermediarios (esos a los que malamente se denomina narcos). Pero al mismo tiempo, otros dos ocupan el lugar del apresado. La derogación del artículo que pena el consumo de drogas obligará, entonces, a cambiar las estrategias en la lucha contra la droga.

Es un tema demasiado sensible en la sociedad, como tantos otros que últimamente estuvieron en el tapete: el aborto, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario y la muerte digna. La sociedad se divide ante estas problemáticas. Pero no podemos dejar de verlas, no podemos dejar de debatir en torno a ellas. Porque el presente lo impone. Un 50% puede estar a favor, y otro 50% en contra. Pero lo concreto es que hay que hacer algo. Y para hacer algo hay que convocar a los mejores. En la discusión tienen que estar todos los sectores. Y aportar posturas. Por si, y por no. Y lo mejor que podemos hacer además es informarnos. Leer, buscar datos, escuchar a todos los que opinan. Y sacar conclusiones. Porque, la verdad, hoy por hoy muchísimos hablan sin saber en realidad cuál es la verdadera problemática. ¿Sabe usted cuáles son las drogas que causan más muertes en el país, directa e indirectamente? El alcohol y el cigarrillo. Ambas son drogas legales y se pueden comprar en cualquier sitio, a cualquier hora. Y no hay normativa que frene su avance.

¿La droga tiene incidencia en la inseguridad? Muchísima. ¿Todos los consumidores son delincuentes? De ninguna manera. Es allí donde el Estado tiene que tender un puente hacia una política de salud. Al adicto hay que recuperarlo. Y encarar una batalla sin descanso contra las organizaciones que son las que venden la droga. Porque lo que se está discutiendo es qué se va a hacer con los consumidores. La ley no va a permitir la venta libre. Tal como están las cosas, las políticas contra la inseguridad fracasaron. Probemos cómo nos va de otra manera.